Contra la re militarización en
Honduras
Nosotras,
Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, reunidas en Tegucigalpa,
capital de Honduras, rechazamos la utilización
de las fuerzas militares de este país por las empresas del capital
transnacional dedicadas a la lógica extractivista de los bienes comunes de la
naturaleza.
El uso de los
militares en instalaciones mineras,
represas hidroeléctricas, procesos de acaparamiento de tierras, proyectos eólicos y en funciones policiales represivas,
genera violencia, asesinatos, femicidios, desalojos violentos y, en general,
una cultura autoritaria que afianza el patriarcado.
En este contexto nos
inquieta la inscripción del partido político de los militares y policías
violadores de Derechos Humanos, Alianza Patriótica, porque sus integrantes
fueron protagonistas del golpe de Estado de junio 2009 y con “espíritu de
cuerpo” sus compañeros de armas custodian a la vez el proceso electoral que
culmina el 24 de noviembre próximo.
La inquietud es,
además, porque los principales cuadros de dirección de “Alianza Patriótica”
proponen fortalecer la presencia militar entre la ciudadanía, revivir el servicio
militar obligatorio suprimido en 1995 y continuar la ocupación de las instituciones
estratégicas del Poder Ejecutivo por jerarcas militares.
Después del golpe
militar, coroneles y generales en retiro dirigen la Marina Mercante, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, puertos y
aeropuertos, aduanas, Hondutel, Instituto Cartográfico Nacional, Instituto
Hondureño de Mercadeo Agrícola y la Policía Nacional, completando un cuadro de
militarización del Estado.
Desde el comienzo
del período de Porfirio Lobo Sosa (Enero 2010) la presencia interventora de
fuerzas militares extranjeras ha sido evidente. Colombia firmó con Lobo un
Acuerdo Bilateral de apoyo en información de inteligencia y operaciones de
élite con los Comandos de Operaciones Especiales (COES), apoyados por Estados
Unidos, que por su parte fortificó tres bases militares en el centro y Caribe
de Honduras, con presencia de la DEA, Patrullas de Frontera, CIA y FBI en
operaciones del ejército y la policía nacional.
Como resultados
trágicos de esa presencia, al menos cinco hechos fueron registrados en los
últimos dos años en los que perdieron la vida mujeres indígenas embarazadas,
niños y niñas de Tegucigalpa e Intibucá.
Para darle soporte a esa presencia extranjera y criminalizar las luchas
sociales, el régimen de Lobo impulsó la aprobación de decretos ejecutivos y una
serie de leyes involutivas en materia de derechos humanos desde el Congreso
Nacional, avaladas por la embajada de Estados Unidos.
Entre las leyes de mayor impacto negativo para la población sobresale la
del Empleo Temporal, de intervención de comunicaciones públicas y privadas, ley
antiterrorista y Sistema Nacional de Inteligencia.
También han
resultado nefastas para las comunidades hondureñas las leyes de concesiones de
ríos, regiones especiales de desarrollo (“ciudades modelo”) y Ley de Minería.
Pero ha sido la
reforma a la Ley de las Fuerzas Armadas, que otorgó facultades policiales a los
soldados, la que más ha impactado la integridad física y psíquica de la
población, especialmente las mujeres en las calles, estaciones del transporte
público, colegios y universidades, donde sufrimos acoso (“enamoramiento”) y
femicidios.
La imposición del
miedo como mecanismo de control social ha provocado el “auto encarcelamiento de
los barrios y colonias” de las principales ciudades, con los consecuentes
efectos en el tejido social.
El aumento del
presupuesto para defensa y la compra de nuevos armamentos (helicópteros, lanchas,
cámaras, tanquetas antidisturbios, bombas lacrimógenas y otras) pone en primer
plano otra vez la perspectiva de la guerra, hacia afuera y hacia adentro de la
sociedad.
Las calles están
llenas de militares y los centros educativos públicos también. Están en todas
partes apuntando sus fusiles a la población, haciendo apología a las armas y
las disciplinas castrenses.
Existe un discurso
político además que valida la fuerza militar en el debate nacional, desde el
período pre y post electoral, que además ya luce tenso e incierto hacia las
generales de noviembre.
La seguridad fue
convertida en un bien intangible del mercado, muy costoso para quienes pueden
pagarlo. En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios
reveló que en Honduras operan 716 empresas de seguridad, más de 80 milhombres
armados, cuyos servicios se imponen como obligatorios a riesgo de sufrir
chantajes y extorsiones si no son contratados.
Es evidente que, a
pesar de la negación de las estadísticas de la violencia por parte de la
secretaría de seguridad –más por razones electorales que de orgullo personal
del Presidente quien ofreció en 2010 “trabajo y seguridad” --, la realidad
golpea con femicidios y acosos a las mujeres, a nivel nacional.
La supresión de la
política nacional de la mujer, la reversión de los derechos a la salud
reproductiva y la exclusión de los espacios de toma de decisión, aumenta
nuestra vulnerabilidad y nos empobrece más.
NO
A LA IMPUNIDAD Y A LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
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