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Las Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, somos mujeres articuladas en un espacio político diverso, autónomo y en resistencia frente al sistema capitalista, colonialista y patriarcal, para entrelazar nuestras luchas locales, nacionales y regionales hacia la construcción de sociedades justas que tengan como eje central de convivencia el cuidado de la vida y el planeta.

POSICIONAMIENTO CONTRA LA REMILITARIZACION EN HONDURAS


Contra la re militarización en Honduras

Nosotras, Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, reunidas en Tegucigalpa, capital de Honduras, rechazamos la utilización  de las fuerzas militares de este país por las empresas del capital transnacional dedicadas a la lógica extractivista de los bienes comunes de la naturaleza.
El uso de los militares  en instalaciones mineras, represas hidroeléctricas, procesos de acaparamiento de tierras, proyectos  eólicos y en funciones policiales represivas, genera violencia, asesinatos, femicidios, desalojos violentos y, en general, una cultura autoritaria que afianza el patriarcado.
En este contexto nos inquieta la inscripción del partido político de los militares y policías violadores de Derechos Humanos, Alianza Patriótica, porque sus integrantes fueron protagonistas del golpe de Estado de junio 2009 y con “espíritu de cuerpo” sus compañeros de armas custodian a la vez el proceso electoral que culmina el 24 de noviembre próximo.
La inquietud es, además, porque los principales cuadros de dirección de “Alianza Patriótica” proponen fortalecer la presencia militar entre la ciudadanía, revivir el servicio militar obligatorio suprimido en 1995 y continuar  la ocupación de las instituciones estratégicas del Poder Ejecutivo por jerarcas militares.
Después del golpe militar, coroneles y generales en retiro dirigen la Marina Mercante, Migración  y Extranjería, Aeronáutica Civil, puertos y aeropuertos, aduanas, Hondutel, Instituto Cartográfico Nacional, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola y la Policía Nacional, completando un cuadro de militarización del Estado.
Desde el comienzo del período de Porfirio Lobo Sosa (Enero 2010) la presencia interventora de fuerzas militares extranjeras ha sido evidente. Colombia firmó con Lobo un Acuerdo Bilateral de apoyo en información de inteligencia y operaciones de élite con los Comandos de Operaciones Especiales (COES), apoyados por Estados Unidos, que por su parte fortificó tres bases militares en el centro y Caribe de Honduras, con presencia de la DEA, Patrullas de Frontera, CIA y FBI en operaciones del ejército y la policía nacional.
Como resultados trágicos de esa presencia, al menos cinco hechos fueron registrados en los últimos dos años en los que perdieron la vida mujeres indígenas embarazadas, niños y niñas de Tegucigalpa e Intibucá.
Para darle soporte a esa presencia extranjera y criminalizar las luchas sociales, el régimen de Lobo impulsó la aprobación de decretos ejecutivos y una serie de leyes involutivas en materia de derechos humanos desde el Congreso Nacional, avaladas por la embajada de Estados Unidos.
Entre las leyes de mayor impacto negativo para la población sobresale la del Empleo Temporal, de intervención de comunicaciones públicas y privadas, ley antiterrorista y Sistema Nacional de Inteligencia.  
También han resultado nefastas para las comunidades hondureñas las leyes de concesiones de ríos, regiones especiales de desarrollo (“ciudades modelo”) y Ley de Minería.
Pero ha sido la reforma a la Ley de las Fuerzas Armadas, que otorgó facultades policiales a los soldados, la que más ha impactado la integridad física y psíquica de la población, especialmente las mujeres en las calles, estaciones del transporte público, colegios y universidades, donde sufrimos acoso (“enamoramiento”) y femicidios.
La imposición del miedo como mecanismo de control social ha provocado el “auto encarcelamiento de los barrios y colonias” de las principales ciudades, con los consecuentes efectos en el tejido social.
El aumento del presupuesto para defensa y la compra de nuevos armamentos (helicópteros, lanchas, cámaras, tanquetas antidisturbios, bombas lacrimógenas y otras) pone en primer plano otra vez la perspectiva de la guerra, hacia afuera y hacia adentro de la sociedad.
Las calles están llenas de militares y los centros educativos públicos también. Están en todas partes apuntando sus fusiles a la población, haciendo apología a las armas y las disciplinas castrenses.
Existe un discurso político además que valida la fuerza militar en el debate nacional, desde el período pre y post electoral, que además ya luce tenso e incierto hacia las generales de noviembre.
La seguridad fue convertida en un bien intangible del mercado, muy costoso para quienes pueden pagarlo. En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios reveló que en Honduras operan 716 empresas de seguridad, más de 80 milhombres armados, cuyos servicios se imponen como obligatorios a riesgo de sufrir chantajes y extorsiones si no son contratados.
Es evidente que, a pesar de la negación de las estadísticas de la violencia por parte de la secretaría de seguridad –más por razones electorales que de orgullo personal del Presidente quien ofreció en 2010 “trabajo y seguridad” --, la realidad golpea con femicidios y acosos a las mujeres, a nivel nacional.
La supresión de la política nacional de la mujer, la reversión de los derechos a la salud reproductiva y la exclusión de los espacios de toma de decisión, aumenta nuestra vulnerabilidad y nos empobrece más.




NO A LA IMPUNIDAD Y A LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES








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