Tegucigalpa M.D.C. 25 de noviembre 2014
Señor
Juan Orlando Hernández
Presidente Constitucional de la República de Honduras
Su Despacho
De nuestra mayor consideración:
Las organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, pobladoras, jóvenes, redes locales y feministas abajo firmantes. Somos organizaciones sin fines de lucro que trabajamos por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en el país, nos dirigimos a usted en su calidad de Presidente de Honduras.
En el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la NO Violencia en contra de las Mujeres, le transmitimos nuestra profunda preocupación por la problemática que enfrentamos las mujeres ya que a la fecha no se observan mayores compromisos y búsqueda de soluciones para atender esta situación por parte del gobierno.
La violencia contra las mujeres se incrementa sobre todo en aquellas situaciones donde peligra la vida de la mujer como es el caso de los femicidios que pasó de una tasa de 2.7 en el 2005 donde se reportaron 171 crímenes a 14.6 en el 2013 con 636 femicidios ese año, siendo la tasa más alta de la región centroamericana, comparada con Guatemala y el Salvador que es de 9.5 y 10.2 respectivamente en el 2013. Lo anterior ha despertado la alarma internacional, sobre todo con los casos acontecidos recientemente como son los crímenes contra Margarita Murillo defensora de la tierra, la Miss Honduras Mundo 2014 María José Alvarado, su hermana Sofía Trinidad Alvarado, así como la hija del Periodista Rony Espinoza, Merelyn Abigaíl Espinoza Bustillo, esto acompañado por la no transparencia en las cifras de crímenes contra mujeres por parte de la Secretaría de Seguridad, que en comparaciones hechas por organizaciones feministas se ha podido demostrar que existen en el año 2014, 45 casos de los reportados en los medios escritos que no aparecen en los listados de esa Secretaría.
Igualmente la violencia doméstica sigue siendo la primera causa de denuncia de delitos contra las personas presentadas ante el Ministerio Público; el promedio de denuncias anuales es de 20,743 casos, 48% de ellas caducan poniendo en riesgo la vida de las mujeres, la violencia intrafamiliar es la segunda causa de denuncia, seguida de los delitos sexuales, en el 2013 se presentaron 2,851 denuncias con un grado de impunidad de 94.5%. Este incremento de la violencia contra las mujeres se contrapone a las políticas de seguridad en el país que privilegian la vía represiva y la guerra contra las drogas, incrementando el militarismo, el armamentismo y los cuerpos de seguridad privada, que lejos de garantizar seguridad para la vida de las mujeres las han hecho más inseguras tanto en el ámbito público como en sus casas, al incrementarse la circulación de hombres armados sin ningún tipo de control.
La magnitud de la problemática de las violencias contra las mujeres no se refleja en compromisos de Estado, tal es el caso del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, donde el gasto destinado a las mujeres en el acceso a la justicia está muy por debajo de los otros gastos, ejemplo de ello son los presupuestos asignados a los Juzgados Especializados en Violencia Doméstica que representan únicamente el 0.98% del destinado a la Corte Suprema de Justicia, comparado con el de otros juzgados que oscilan entre 3, 8 y 12%. Igualmente la Fiscalía Especial de las Mujeres del Ministerio Público representa únicamente el 2% del presupuesto de esa institución comparado con otras fiscalías a quienes se les asigna el 6 y 7%. En lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad, la línea de Investigación Delictiva únicamente dispone del 11% del presupuesto y no existe ningún renglón asignado a la investigación específica de crímenes contra mujeres.
Existe un retroceso en materia de institucionalidad vinculada a la tutela de los derechos humanos de las mujeres. Esta situación se evidencia en la desaparición de las Secretarías de Justicia y Derechos Humanos y la del Instituto Nacional de la Mujer INAM, las cuales con las reformas a la estructura de gobierno, pasan a ser Subsecretarías. De igual manera, el traslado de la Unidad de Investigación de Femicidios, ubicada anteriormente en la Fiscalía Especial de la Mujer, a la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
El Estado hondureño es signatario de convenios y tratados internacionales, donde los Estados se comprometen a impulsar políticas públicas y acciones positivas para enfrentar y eliminar las violencias contra las mujeres. Siendo que el Estado de Honduras en 1983 ratificó la CEDAW, pero aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW que fue creado en 1999, significando una deuda pendiente del Estado para con las mujeres al no tener acceso al mecanismo y comunicación directa con el Comité CEDAW.
Tampoco el Estado ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que protege los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, pues estos actores y actoras aún en el siglo XXI siguen realizando tareas de esclavitud sin ningún tipo de protección jurídica y social por parte del Estado.
En cuanto a política pública de protección a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, uno de los principales retrocesos es la prohibición de la promoción y acceso de las mujeres a la Píldora de Anticoncepción de Emergencia cuando en el 2009 las Secretaría de Salud de facto, aprobó un acuerdo ministerial (2744-2009) sacando la anticoncepción de emergencia de las políticas de salud nacional, aprobado mediante Decreto Ejecutivo en el 2009, lo que constituye una violación a los derechos de las mujeres.
Otro de los déficit en derechos es el acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica para las mujeres campesinas que les permita garantizar condiciones materiales como ciudadana plenas, por lo que se amerita la implementación de programas y proyectos de gobierno donde se garantice la igualdad de oportunidades para las mujeres en cuanto al acceso a los recursos. Recientemente las organizaciones campesinas propusieron un proyecto de ley para la creación de CREDIMUJER, el cual requiere de 600 millones de Lempiras para su funcionamiento, esto significa que el poder ejecutivo asigne los recursos necesarios para este efecto. Por otra parte, la voluntad política para iniciar la discusión de la propuesta de Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género introducida en el congreso el pasado mes de abril del presente año, donde sin duda traerá desarrollo para esos 4 millones de hombres y mujeres que viven el campo.
Otra de las grandes preocupación son los recortes del Estado a las políticas públicas destinadas al aspecto social, aduciendo austeridad y ahorro público como son educación, salud y vivienda generando impactos de precariedad al bienestar de las mujeres, pues se les recarga de trabajo al tener que asumir las tareas del cuidado que el Estado abandona, lo que convierte el supuesto ahorro en traspaso de costos a las mujeres.
Por lo anterior exigimos:
a) Fortalecer presupuestariamente y técnicamente las instituciones del Estado que tienen como responsabilidad promover y proteger los derechos humanos de las mujeres como ser: Fiscalía Especial de la Mujer, Juzgado Especializados en Violencia Doméstica creando más de estas instancias. Crear instancias institucionales especiales tanto a nivel del Ministerio Publico, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad para la investigación y judicialización de los casos de violencia contra las mujeres y los femicidios en el país.
b) Realizar de manera inmediata la unificación de registros estadísticos en violencia contra las mujeres; garantizando el acceso público e inmediato, sobre todo en los casos de femicidios y desapariciones de mujeres establecidas en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, recomendaciones de relatoras especiales y la jurisprudencia internacional en casos de violencia contra mujeres.
c) Instar al Ministerio Público para que la Unidad de Investigación de los Femicidios regrese a la Fiscalía de la Mujer, para contribuir a reducir la impunidad.
d) Elevar el estatus del Instituto Nacional de la Mujer para que sea una instancia de alto nivel político que rectore y coordine las políticas públicas de las Secretarías de Estado en el país.
e) Derogar el Decreto Ejecutivo que prohíbe la promoción y el acceso de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia.
f) Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW.
g) Ratificar el Convenio 189 de la OIT y su recomendación 200 y 201 sobre el trabajo doméstico.
h) Asignar 600 millones de Lempiras para el programa de CREDIMUJER presentado por las mujeres campesinas ante el Congreso Nacional.
i) Implementar una política de seguridad adecuada a las comunidades y desde una perspectiva de género, seguridad humana y en el marco irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía. Derogando las políticas de seguridad actuales que provocan altos niveles de re-militarización e incrementos de las violencias contra las mujeres y la población en general.
Esperamos su voluntad política reconociendo las condiciones de desigualdad que vivimos las mujeres hondureñas, ratificando su decisión en atención a nuestras demandas con acciones concretas para erradicar la violencia contra las mujeres en toda su dimensión.
Organizaciones firmantes:
Centro de Derechos de Mujeres CDM, Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H, Centro de Acción para el Desarrollo de Honduras CESADEH, Vía Campesina, COHVISOL, Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), CONAMUCOPHN, Fundación SIMIENTE, JASS, Foro de Mujeres por la Vida, Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna – Honduras., Red de Mujeres de la Colonia Cruz Roja, Ramón Amaya Amador, Cantarranas, Ojojona, Santa Ana, M.D.C., Intibucá, Santa María de La Paz, Trabajadoras Domésticas, Colectivo Matria, Girls At Controll, Doll's Criminal, Iglesia Luterana.
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